La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a un total de 13 empresas y a uno de sus directivos, con un total de 6,12 M€ por haber constituido un cártel para repartirse el mercado y fijar los precios del suministro de hormigón en Asturias de forma ininterrumpida durante al menos 15 años. En su resolución, la CNMC considera que las empresas constituyeron un cártel para repartirse el mercado y fijar los precios de suministro de hormigón en varias zonas de Asturias. Para ello, llevaron a cabo acuerdos para la asignación de obras públicas y privadas entre las empresas hormigoneras, se intercambiaron información para conseguir los contratos y para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados y los mantuvieron secretos, entre otras conductas ilícitas.
Estas prácticas afectaron a algunas grandes obras públicas que se ejecutaron en el Principado, entre otras las del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o el Puerto del Musel en Gijón. De esta forma, las empresas integrantes del cártel se repartieron los contratos públicos para su ejecución y utilizaron la figura de las Uniones Temporales de Empresas (UTE's) para acudir a grandes concursos públicos cuando en realidad no era necesario. En el caso de la obra del Puerto del Musel (Gijón), únicamente dos de las empresas figuraron como suministradoras oficiales de cara al contratista, pero en realidad fueron 9 hormigoneras pertenecientes al cártel las que llegaron a un acuerdo encubierto para repartirse el suministro de hormigón entre todas ellas. En el caso de la obra en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), las empresas optaron por formalizar el acuerdo mediante la creación de una UTE, que denominaron UTE HOSPITAL. La creación de una UTE de tal dimensión para el suministro de hormigón resultaba a todas luces innecesaria, a la vista de la información aportada por la propia contratista. La CNMC además ha acreditado que las empresas llegaron a acuerdos para el reparto de clientes y para los precios a los que se suministraba el material, que se iba registrando en unas tablas con la relación de obras adjudicadas, identificadas por una breve denominación y por el nombre del cliente. La CNMC ha constatado también que el intercambio de información entre las empresas para conseguir y hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados formaba parte del modus operandi. Éste se realizaba en forma de reuniones, envíos de correos electrónicos e incluso de whatsapps y faxes. Además, los acuerdos tenían un marcado carácter secreto y dificultaban la identificación de los responsables con pseudónimos (los participantes se identificaban a través de números para preservar su identidad).
En concreto, las empresas sancionadas son Lafarge Áridos y Hormigones , con una multa de 1,86 M€; General de Hormigones , (Gedhosa), con 1,76 M; Hanson Hispania , con 1,71 M; Hormigones Avilés Oviedo (Horavisa), con una sanción de 136.877 €; Fábrica de Hormigones Industriales, (Fhisa), 129.989 €; Panelastur, 107.835 €; Hormigones Pelayo, 103.365 €; Hormigones del Sella (Horsella), 102.922 €; Hormigones Nalón (Gonasa), 78.170 €; Juan Roces, 54.956 €; Canteras del Noroeste (Cadesa), 49.160 €; Hormigones de Avilés, 18.238 €, y Essentium Hormigones, con 1.880 €.