La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha remitido sendas misivas a los ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las CC.AA. en los que informa a sus responsables que las cargas administrativas que impone la Administración a los gestores de residuos pone en serio riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican a la conversión de residuos en recursos en España.
A través de su directora general, Alicia García-Franco, la federación lamenta en la carta remitida que “pese a todos los llamamientos realizados por parte de la Administración General del Estado, de la OCDE y de la Unión Europea (por ejemplo, el pasado 14 de julio el Ministerio de Hacienda y las patronales CEOE y CEPYME firmaron el octavo convenio de colaboración para la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas), hemos constatado que, tristemente, en el ámbito de la gestión de residuos la carga burocrática es cada vez mayor”.
“Además, en las últimas normas y adaptaciones legislativas de importancia en el ámbito de los residuos no solo no se reducen esas cargas, sino que se incrementan exponencialmente”, añade García-Franco. Tal es el caso del Real Decreto 110/2015 de RAEE y su extraordinariamente profuso y complejo archivo cronológico, así como de la reciente aplicación del Real Decreto de traslado a los traslados internos de residuos realizados dentro de las CCAA.
En la misiva, la patronal del reciclaje adjunta un estudio propio en el que se analizan los costes derivados de las cargas burocráticas y administrativas para las empresas, en relación a los datos obtenidos en el registro de obligaciones burocráticas por razón de normativa ambiental y en cumplimentar el archivo cronológico (artículo 40 de la Ley 22/2011).
En cuanto al volumen de operaciones, una gran parte de las empresas (el 33%) reporta más de 10.000 apuntes al año, otro 35% menos de 10.000 operaciones y destacan algunas que llevan a cabo más de 100.000 apuntes anuales. Según apunta la directora general de FER, todas estas cargas burocráticas “se traducen en un elevado numero de horas de trabajo por parte del personal, que supone un elevado coste para las empresas”.
La FER ha estimado que los gastos derivados de estos trámites suponen para cada empresa, independientemente de su volumen de facturación en un sector formado mayoritariamente por pymes, unos 20.000 € anuales. “Es una cifra que pudiera no parecer desorbitada”, advierte García-Franco, “pero el trabajo de las empresas recuperadoras no es el de reportar datos, sino el de gestionar adecuadamente los residuos, por lo que estos gastos suponen una carga impuesta”.
La FER cita la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su artículo 129 “Principios de buena regulación”, en virtud del cual, por el principio de proporcionalidad, las iniciativas que se propongan deberán atender la necesidad a cubrir tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios y en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Además, para evitar esa duplicidad y carga administrativa innecesaria, señala la carta enviada por FER, la propia Ley 22/2011, desde hace ya más de cinco años, en su disposición adicional sexta, “Control de actividades de gestión de residuos relevantes para la seguridad ciudadana”, contempla que realizar un registro único sería el método idóneo para satisfacer sus necesidades de información, sin imponer cargas innecesarias y desproporcionadas a las empresas, y se pone a disposición de ambos ministerios y de las diferentes CC.AA. para estudiar las vías por las que se puedan agilizar los trámites que acaben con las actuales cargas burocráticas y administrativas.
Por último, Alicia García-Franco denuncia que frente a esta situación, en la que las empresas legales que cumplen con sus obligaciones tiene cada vez más costes y trabas burocráticas, las empresas ilegales operan al margen de estos registros y obligaciones administrativas y sus costes derivados, “pues quien actúa sin autorización tampoco se preocupa de cumplir con ellas y operan en el mercado de la recuperación ejerciendo una clara competencia desleal frente a los gestores autorizados y con grave peligro para el medio ambiente”.
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje agrupa y defiende los intereses de las empresas dedicadas al reciclaje de residuos en los distintos ámbitos económicos, sociales y medioambientales. Cuenta con más de 230 socios y representa a más de 435 empresas gestoras de residuos (metales férricos y no férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso, envases o madera, entre otros). El sector del reciclaje genera en la actualidad 30.000 empleos directos y 105.000 indirectos en España.